El control social es una práctica que favorece la democracia –en su forma representativa- en tanto permite al ciudadano cuidar que la política pública sea incluyente de los intereses de los grupos que forman la sociedad y que los funcionarios representen el interés público actuando con honestidad y eficiencia. La contraloría social sirve para cuidar que los servidores públicos actúen a favor del interés público y no del particular, es decir como verdaderos representantes que cumplen con el mandato de los electores y se responsabilizan de esto, factores clave en una democracia.
Para que el político y el servidor público se comporten como representantes honestos y eficientes el control social puede desarrollarse en varios mecanismos:
• El proceso electoral mismo (control vertical básico de los sistemas representativos).
• Procesos y medios para obligar al mandato (plebiscitos, formas de revocación del mandato).
• Información para que el ciudadano esté en posibilidad de evaluar a su gobierno y uso de ésta por parte
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de asociaciones ciudadanas y público en general.
• Estructuras de participación social en entes autónomos de gobierno.
• Participación en la elección de los responsables de los organismos autónomos.
• Participación activa en la supervisión y evaluación de los programas y del comportamiento de los
• servidores públicos para que las políticas públicas se apeguen al interés manifestado por los ciudadanos
•–en virtud de que la acción de los gobernantes no se realiza directamente sino a través de las
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instituciones del ejecutivo.
• Mecanismos para hacer llegar a los políticos y al poder judicial la evaluación ciudadana de las políticas
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públicas y de los burócratas para que éstos puedan sancionarlos o derivar cambios en la ejecución o en
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la legislación.
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