Contraloría social y democracia

El control social es una práctica que favorece la democracia –en su forma representativa- en tanto permite al ciudadano cuidar que la política pública sea incluyente de los intereses de los grupos que forman la sociedad y que los funcionarios representen el interés público actuando con honestidad y eficiencia. La contraloría social sirve para cuidar que los servidores públicos actúen a favor del interés público y no del particular, es decir como verdaderos representantes que cumplen con el mandato de los electores y se responsabilizan de esto, factores clave en una democracia.

Para que el político y el servidor público se comporten como representantes honestos y eficientes el control social puede desarrollarse en varios mecanismos:

El proceso electoral mismo (control vertical básico de los sistemas representativos).

Procesos y medios para obligar al mandato (plebiscitos, formas de revocación del mandato).

Información para que el ciudadano esté en posibilidad de evaluar a su gobierno y uso de ésta por parte de asociaciones ciudadanas y público en general.

Estructuras de participación social en entes autónomos de gobierno.

Participación en la elección de los responsables de los organismos autónomos.

Participación activa en la supervisión y evaluación de los programas y del comportamiento de los servidores públicos para que las políticas públicas se apeguen al interés manifestado por los ciudadanos–en virtud de que la acción de los gobernantes no se realiza directamente sino a través de las instituciones del ejecutivo.

Mecanismos para hacer llegar a los políticos y al poder judicial la evaluación ciudadana de las políticas públicas y de los burócratas para que éstos puedan sancionarlos o derivar cambios en la ejecución o en la legislación.

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